El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial, en su Informe de Grupo de Trabajo I, confirmó que es extremadamente probable que la actividad humana haya contribuido a aumentos en las temperaturas medias globales de la superficie por la liberación de gases de efecto invernadero.

El informe también afirma que es muy probable que la actividad humana haya contribuido a la mayor frecuencia de eventos atmosféricos extremos. Dadas las tendencias actuales en las emisiones, se prevé que durante el siglo XXI continúen los cambios climáticos y la frecuencia de los sucesos meteorológicos extremos. Esto subraya la importancia de desarrollar e implementar estrategias de adaptación, especialmente para sectores vulnerables.

El Informe del Grupo de Trabajo II documenta pruebas sobre los sectores vulnerables, los efectos probables si no se lograra la adaptación y pruebas más limitadas sobre estrategias de adaptación. Como se refleja en este informe, un sector especialmente vulnerable es la agricultura. Aquellas personas que dependen de la agricultura como su medio de vida también son a menudo aquellos con recursos limitados para adaptarse a los cambios climáticos, incluyendo los aumentos esperados en la frecuencia de extremos meteorológicos. Entonces, esto presenta un doble desafío, apoyar a aquellos con recursos limitados para adaptarse al cambio climático en un sector particularmente vulnerable a dichos cambios.

Un estudio reciente de BID sintetiza la evidencia empírica existente sobre numerosas prácticas agrícolas que proponen aumentar la productividad de los cultivos y reducir su variabilidad mejorando la calidad del suelo, aumentando la eficiencia del uso de agua y reduciendo la erosión del agua y del suelo.

Dichas prácticas aumentan con frecuencia el aislamiento del carbono en los suelos, contribuyendo por lo tanto a la mitigación del cambio climático. Debido a las ventajas en términos de mayor productividad, mayor resistencia a las condiciones meteorológicas extremas y a su potencial para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha denominado este conjunto de métodos y teorías como Prácticas de Agricultura Climáticamente Inteligente, también conocidas como CSA- por su acrónimo en inglés – entre los expertos en este campo.

El análisis tiene en cuenta cuatro categorías amplias de prácticas CSA: agricultura de conservación (mínima perturbación del suelo junto con cobertura permanente del suelo y rotaciones de las cosechas), irrigación, agro-silvicultura y estructuras de conservación del suelo. Se presenta evidencia empírica sobre las ventajas, los costos y las barreras a su adopción, seguida por una discusión acerca de las implicaciones de diseñar evaluaciones de impacto, dadas las características únicas de cada conjunto de prácticas. El análisis también tiene en cuenta la evidencia sobre dos posibles mecanismos de las políticas para aumentar la adopción de prácticas de CSA: los programas del tipo “pago por servicios medioambientales” y el seguro de agricultura.

El estudio capta el hecho que la evidencia empírica disponible está muy concentrada en México y en Brasil, y en menor medida en Argentina y en Chile, con mucha menos evidencia empírica sobre las ventajas y costos de las prácticas CSA en América Central y en el Caribe en particular.

Aunque la información es algo limitada, la evidencia sugiere que en la mayoría de los países hay actualmente una adopción limitada de prácticas CSA, a pesar del hecho que los pequeños propietarios son vulnerables a las inundaciones, sequías y temperaturas nocturnas extremas. Pero el tamaño de las ventajas y los costos de diversas prácticas CSA varían dependiendo de condiciones subyacentes agroecológicas y socioeconómicas, haciendo difícil, por ejemplo, extrapolar la evidencia de México y Brasil a otros países latinoamericanos.

Para ayudar a llenar los vacíos de conocimiento y generar la información necesaria para priorizar las acciones de adaptación, el estudio destaca algunas características importantes de prácticas CSA y de mecanismos potenciales de las políticas que hay que incorporar al diseño de las evaluaciones de impacto.

En concreto, la evidencia sugiere que las mejoras en las cosechas medias podrían tardar muchos años en materializarse; sin embargo se podrían esperar ventajas a más corto plazo en términos de menor variabilidad de cosechas. Esto último supone desafíos interesantes en cuanto a la evaluación de impacto, dado que muchas metodologías pueden recuperar impactos “medios”, pero no son necesariamente adecuados para recuperar impactos en, digamos, variabilidad de cosechas o exposición a pérdidas por bajas cosechas.

Fuente: Pregón Agropecuario